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Repudiamos el nuevo avance de la criminalización de la protesta social en Misiones.

Nos solidarizamos con nuestros compañeros Rubén Ortíz del Movimiento Pedagógico de Liberación, 𝑁𝑒𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝐶𝑎𝑛𝑜  del Movimiento Teresa Rodríguez   𝑦 𝐷𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑖𝑜 𝐴́𝑙𝑣𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑎 del Frente de Organizaciones en Lucha de Montecarlo, quienes fueron denunciados penalmente por ser parte de una protesta social en esa localidad. La denuncia incitada por el concejal del PRO Daniel Galarza y presentada por los abogados Lucas Vega y Walter Kunz, ex funcionarios también del PRO durante el gobierno de Mauricio Macri,  es un avanzada del proceso de represión, criminalización y judicialización de la protesta social que ya se vio en la represión ordenada por la Jueza Raquel Zuetta contra los integrantes del FOL que estaban peticionando pacíficamente frente al municipio de Alem el pasado 22 de marzo.

 En momentos en que nuestra población atraviesa una profunda crisis social, sanitaria, con alarmantes indicadores de pobreza e indigencia que empujan una vez más a miles de personas a demandar al Estado la asistencia de derechos fundamentales como el de la alimentación, la salud, los servicios básicos no puede tolerarse   que la respuesta sea la criminalización y la judicialización. 

Cuando los reclamos no son atendidos llegan a las plazas, a las calles,  a las rutas, la respuesta del Estado y también de los sectores reaccionarios de la oposición es la represión. Se atenta así contra un principio básico de nuestra democracia que es el derecho a peticionar, a ser escuchado y a que nuestras demandas sean atendidas.   El compromiso con el diálogo democrático es lo que falta en amplios sectores del poder, de la Justicia, del poder legislativo y de muchas empresas periodísticas que son parte de estos procesos de criminalización y estigmatización social.   

El concejal Daniel Galarza,  que incitó a estas denuncias, no puede desprenderse de las responsabilidades que le caben a él y toda la dirigencia política que debiera estar trabajando para la  resolución de estas demandas que son legítimas, urgentes  y hacen a la sobrevivencia de un sector importante de esa comunidad a la que se supone representa. El derecho a la protesta es un derecho constitucional, amparado por pactos internacionales y que desde la perspectiva de los derechos humanos es el principal derecho a ser resguardado porque permite acceder a los  demás derechos que están siendo negados. 

A la protesta se llega porque no hay respuestas a los reclamos planteados    por las múltiples vías institucionales, formales.  Son esos contextos de luchas, de reclamos, donde lxs trabajadores, la ciudadanía en general no solo disputamos la ampliación nuestros  derechos –los conquistamos siempre con luchas-  sino también que se cumplan aquellos que están consagrados en nuestra Constitución y nuestras leyes vigentes, que también fueron producto de años, siglos de movilización, demandas y protestas.   

Repudiamos además la campaña de estigmatización,  con expresiones discriminatorias y discurso de odio que incitan a la violencia contra sectores sociales que están hoy organizándose para enfrentar el hambre y la exclusión social. 

Exigimos el inmediato cese de la criminalización de la protesta social, el desprocesamiento de todos los luchadores sociales, la investigación y la separación de los efectivos de la policía de la provincia implicados en casos de torturas, como los que sufrieron los manifestantes del FOL en Alem el pasado 22 de marzo.Exigimos instancias de diálogo y de atención urgente de las demandas que motivan las protestas que hoy se pretenden castigar con el Código Penal.

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