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Servicios tercerizados, trabajadores explotados (primera parte)

(Agencia de Noticias ATE Misiones). El 17 de mayo se conmemorará el noveno aniversario del fallecimiento de Ricardo Caballero, trabajador de la empresa SIP, que desempeñaba tareas de limpieza en la Unidad Geriátrica de Villa Lanús (Posadas) y que falleció por intoxicación al igual que su compañera Andrea Pérez, quien murió días después. Pérez también pertenecía a la empresa SIP Armas y prestaba servicio en el Hospital Madariaga. Durante mayo de 2008, además, otro cuatro trabajadores de la empresa debieron ser internados por intoxicación. Las denuncias de los trabajadores y la investigación judicial, dieron cuenta de la responsabilidad directa de la empresa en ambas muertes y en los cuadros de intoxicación, dado que obligaban a los trabajadores a manipular productos químicos altamente tóxicos sin los debidos recaudos y elementos necesarios. El caso SIP Armas, desnudó también una situación que hoy, casi una década después, se mantiene en toda la provincia, y que tiene que ver con la tercerización de servicios por parte del Ministerio de Salud Pública – y otros organismos provinciales- a través de la contratación de empresas que vulneran los derechos laborales de sus trabajadores, exponen a los mismos a todo tipo de riesgos, violan normativas elementales, configurando un marco de constante explotación y precarización laboral. Toda esta coyuntura cuenta con la complicidad directa del Estado, especialmente del Ministerio de Trabajo de la Provincia. Sin ir más lejos, la semana pasada las trabajadoras y trabajadores de limpieza y vigilancia de otra empresa contratada por Salud Pública, SINA SRL, realizaron un paro en los hospitales de Jardín América, Montecarlo, Mado, Eldorado y Puerto Esperanza, por atrasos salariales y explotación laboral. En medio de los casos mencionados hasta aquí en este informe- el caso SIP y la reciente denuncia que involucra a SINA SRL- se dieron decenas de huelgas, denuncias y reclamos de trabajadores de limpieza en hospitales públicos de Misiones, siempre por las mismas razones. En todo este tiempo sin embargo, nada cambió. Los datos laborales que describen la situación de las trabajadoras de SINA SRL que realizaron recientemente un paro en el Hospital de Jardín América, dan cuenta de un panorama generalizaron en toda la provincia y revelan la gravedad de lo que sucede con la tercerización de servicios en organismos públicos de Misiones. Salarios de 3 mil pesos mensuales, jornadas laborales de 8 horas y siete días a la semana con apenas dos días de franco al mes, contrato informal, sin obra social ni Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). Claudia Flores, trabajó en dos de estas empresas. Actualmente es encargada de limpieza de SINA SRL, la empresa que presta servicio en el Hospital de Jardín América. “Se decidió hacer pública la situación porque se llegó a un límite. Pese a que el sueldo es de apenas 3 mil pesos, nos deben dos meses, vienen con un sueldo cada dos meses y las chicas no aguantan más. Escasean guantes y barbijos siendo que se manejan elementos de alto riesgo, insumos hospitalarios. Las trabajadoras cada tanto tienen afecciones e infecciones, trabajar así es riesgoso e insalubre” explicó Flores.

Una década de fraude laboral: algunos casos El recuento de casos de denuncias por explotación laboral e incumplimiento salarial contra empresas tercerizadas ofrece muestras contundentes. En 2007, 20 trabajadores de limpieza fueron despedidos por la Compañía Misionera de Seguridad (CMS), luego de que varios de ellos iniciaran reclamos salariales y laborales. El propietario de esta empresa que prestaba servicio en hospitales y otros edificios públicos, Fernando Sierra, era cuñado del entonces gobernador y actual presidente de la Legislatura Provincial, Carlos Rovira. En 2008, el hospital Marta Schwarz de Puerto Iguazú fue epicentro de una gran protesta de trabajadores de limpieza de la empresa Servicios Misiones SRL (SERMIS), por un atraso salarial de varios meses. Se descubrió entonces, que el Ministerio de Salud Pública adeudaba la friolera de 136 facturas a la empresa prestataria del servicio, circunstancia que la empresa utilizaba de excusa para los incumplimientos salariales y laborales con su personal. Al año siguiente, 550 empleados de esa misma empresa tuvieron que realizar otro paro en reclamo del sueldos atrasados y de cuatro aguinaldos sin abonar. Llegaron hasta la Casa de Gobierno y denunciaron la explotación. Advirtieron que debieron sacar créditos bancarios para poder subsistir, mientras el Ministerio de Salud Pública reconoció adeudar a la empresa 9.500.000 de pesos. Debido a las constantes denuncias contra SERMIS, la empresa presentó quiebra, pero al poco tiempo, se supo que el propietario conformó una nueva empresa que al poco tiempo empezó a prestar servicios en organismos públicos. En 2013, el gremialista Roberto Ojeda denunció que "la empresa que está prestando servicio en casa de gobierno y en el Obispado es del mismo dueño de la empresa SerMis, que había presentado la quiebra hace más de un año, dejando a unos doscientos trabajadores en la calle". Agregó que la empresa, en aquella oportunidad, "no realizó los aportes sindicales y sociales adeudados luego de la quiebra". A la fecha, los conflictos laborales y las denuncias contra las empresas se sostienen con frecuencia en toda la provincia e involucran tanto al sector limpieza como al de vigilancia. “Lo que queda en evidencia es que la tercerización representa una matriz que naturaliza la explotación, el nepotismo o la complicidad, y que genera una situación que expone al trabajador al riesgo de vida. Es un negociado millonario entre empresas amigas del gobierno, basado en la precarización laboral. Hay una responsabilidad absoluta del Estado y una falta de control total por parte del Ministerio de Trabajo. Pasan los años y el mismo gobierno sigue contratando a las mismas empresas a pesar de las evidencias de que son empresas que violan los derechos de los trabajadores y los explotan. Ante esto, la profundización de la organización y el compromiso de todos los sectores (gremios, legisladores, usuarios, etc) se hace necesario para combatir este flagelo” indicaron desde ATE Misiones.

En la segunda parte de este informe especial, presentaremos diversos testimonios de trabajadores de empresas que prestan servicios en hospitales públicos de la provincia, y datos acerca de los vínculos del Estado provincial con dichas empresas.

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