Desde ATE y CTA A repudiamos la persecución judicial contra Jorge «Koki» Duarte, principal dirigente de nuestras organizaciones en la provincia de Misiones. Ratificamos nuestro incondicional apoyo y responsabilizamos al gobierno del Frente Renovador para la Concordia de la profundización del proceso de criminalización y judicialización de organizaciones y referentes sociales.

El desplazamiento de manera arbitraria e ilegal de las autoridades del Consejo de Administración de la CELO –Cooperativa Eléctrica de Oberá- donde se desempeñaba como Vicepresidente, el armado de una causa judicial a partir de la denuncia presentada por la Ministra de Acción Cooperativa Liliana Rodríguez, tramitada en el juzgado de Instrucción Nº1 de Posadas violentando la jurisdicción que corresponde, la campaña de difamación y estigmatización mediática es la explicitación de hasta dónde están dispuestos a llegar para minar la trayectoria y la legitimidad de nuestro compañero.

El ataque a la CELO,  una institución que en los últimos años estuvo conducida por un grupo de socios, del que formaba parte Jorge Koki Duarte, que llegó para sanear las cuentas y garantizar el acceso a los servicios esenciales a los ciudadanos sobre todo de los sectores más empobrecidos, es solo una muestra del modus operandi del gobierno provincial.

Una intervención encubierta,  violentando sus estatutos y las normas que rigen la vida de la Cooperativa, desconociendo la voluntad de los socios, únicos dueños de la misma, con intención de apoderarse de la organización y volver a encolumnarla  a los intereses del gobierno de turno.

El intento de minar y deslegitimar  la trayectoria político-sindical y como dirigente cooperativista de nuestro compañero Koki Duarte y de condicionar el accionar de nuestras organizaciones  es sin dudas otros de los objetivos de esta persecución.

Es por eso que ATE y CTA A en todo el país se ha manifestado repudiando esta criminalización y judicialización. Poniendo al frente de la defensa política y jurídica de nuestro dirigente.

Exigimos el cese de esta persecución, el cese de las intervenciones extorsivas utilizando al Poder Judicial como parte de esta avanzada, exigimos se garanticen el derecho constitucional a la protesta y se respeten todos las garantías constitucionales dentro de nuestro sistema democrático.